El director de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, Laureano Guerrero, anunció hoy que someterá al procurador general de la República ante el Tribunal Constitucional (TC), por alegadamente violar la Ley 72-02 que ordena el envío de las incautaciones a la entidad que dirige. Guerrero confirmó parte de lo publicado en un reportaje ayer domingo por el Nacional, en que se señala que el Ministerio Público, fiscales, políticos y funcionarios se quedan con casi todos los bienes incautados producto del narcotráfico y lavado de activos. Acusó al procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, de desconocer la existencia de esa oficina y de quedarse con casi el 100 por ciento de los bienes incautados, por lo que llevará el caso por ante el TC.
“Esta oficina, que fue creada para estos fines, el Ministerio Público ha entendido, conforme ha ido pasando el tiempo, que es mucho el dinero que se mueve a través del narcotráfico, y se ha hecho crear una unidad paralela a esta y prácticamente la ha liquidado en la realidad”, manifestó Guerrero.
En principio, añadió, Domínguez Brito se dio cuenta que eso no era legal, por lo que hizo que se aprobara una ley en el Congreso para él administrar los bienes del narcotráfico y lavado de activos.
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